La ONU urge a España a retirar la 'Ley Mordaza' y la Reforma del Código Penal





La ONU urge a España a retirar la 'ley 

mordaza' y la reforma del código penal


La ONU está preocupada por lo que está haciendo 

España con los derechos humanos. 

Un grupo de relatores de Naciones Unidas han pedido a España que desista en los proyectos de Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza", y dereforma del Código Penal porque "amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos" y "socavan los derechos de manifestación y expresión" en el país.

La advertencia ha sido lanzada por cinco relatores miembros de los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para el seguimiento de casos en países concretos o temáticas puntuales a nivel global.

"Confiamos en que España adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en la legislación nacional, el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de conformidad con los estándares internacionales", señalan en relación a la reforma del Código Penal y a la Ley de Seguridad Ciudadana tanto en lo relativo a delitos de terrorismo como a desórdenes públicos.

Según explican, "los derechos de manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática". "Nos preocupa que las propuestas de reforma puedan ser una respuesta del Gobierno y del poder legislativo a las numerosas manifestaciones que en los últimos años se han llevado a cabo en España", plantean.

Sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, en trámite en el Senado, destacan que la reforma que introduce en la Ley de Extranjería "podría permitir devoluciones en caliente a su país de origen de personas en peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos, en contradicción con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos".

'LIMITA MARCADAMENTE EL DERECHO DE REUNIÓN'

El relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, Maina Kiai, denuncia que en su redactado actual, el proyecto "vulnera la propia esencia del derecho de reunión pacífica, pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para su ejercicio", limitándolo "marcadamente".

"Dicho proyecto de ley restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas como es el ejercicio colectivo del derecho a la libertad de opinión y expresión en España", añade el relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye.

En cuanto al Código Penal, afirman que "el texto del proyecto de ley incluye definiciones amplias o ambiguas que abren el campo a una aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades" y citan como ejemplo que se trate como "circunstancia agravante el hecho que una serie de delitos pudieran ser cometidos en el contexto de una 'reunión numerosa'".

"Se busca dar una base legal a este nuevo tipo de 'circunstancias agravantes' para aumentar la pena automáticamente en casos de manifestaciones. Esto es contrario al derecho internacional ya que podría tener un efecto disuasivo sobre el ejercicio de la libertad de manifestación pacífica", recalca Maina Kiai.

'PUEDE CRIMINALIZAR LA MANIFESTACIÓN PACÍFICA'

Además, indican que el proyecto propone castigar con prisión o multa quienes difundan públicamente mensajes o consignas que inciten a la comisión de delitos de alteración del orden público o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, lo que a juicio de Kayem "conlleva serios problemas y, tal como están definidos los delitos, podría criminalizar quienes convoquen a manifestaciones pacíficas".

En cuanto a la definición de los delitos de terrorismo y las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de "incitación y enaltecimiento" o "'justificación' del terrorismo", los expertos consideran que "son excesivamente amplias e imprecisas".

"Tal como está redactado, la ley anti-terrorista podría criminalizar conductas que no constituirían terrorismo y podría resultar entre otros en restricciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión. El proyecto de ley podría además permitir abusos en los controles y retiro de información disponible en internet", denuncia Kayne.

En el informe han participado además de Kayne y Kiani, el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson; y el Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos, Michel Forst. Cuentan además con el respaldo del Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, según informa el Alto Comisionado.

EL HUFFINGTON POST/AGENCIAS

VER ADEMÁS

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO, 26 de marzo de 2015.
Este artículo critica la decisión del Tribunal Supremo de enviar a la cárcel durante tres años a las personas que protestaban por la decisión antidemocrática del Parlament de Catalunya de aplicar políticas que carecían de mandato popular. El artículo define tal decisión como injusta y antidemocrática.
El Estado español ha heredado muchos de los aparatos y aspectos represivos del Estado dictatorial, resultado del desequilibrio de fuerzas existentes durante el periodo de Transición (con gran dominio de las fuerzas conservadoras sobre el aparato del Estado y sobre los medios de información), pasando de una de las dictaduras más sangrientas que haya conocido Europa (según el mayor experto en el tema de la represión fascista en Europa, el Profesor Malekafis de la Universidad de Columbia, por cada asesinato político que cometió la dictadura liderada por Mussolini en Italia, la dictadura liderada por el General Franco cometió más de 10.000, siendo todavía hoy España, después de Camboya, el país que tiene mayor porcentaje de población desaparecida por razones políticas) a una democracia muy incompleta. Todavía hoy España es uno de los países de la Unión Europea con mayor número de policías por 10.000 habitantes, y con menor número de adultos por cada 10.000 habitantes que trabajen en los servicios públicos del Estado del Bienestar como sanidad, educación, servicios sociales y otros.
Uno de los aparatos del Estado que ha cambiado menos ha sido precisamente el estamento judicial, que continúa profundamente conservador, característica aún más acentuada en los altos niveles de la judicatura. 
Tal cuerpo funcionarial se ve a sí mismo como el máximo defensor, ya no de la justicia, sino del Estado, hoy controlado por los dos partidos mayoritarios del país y que son determinantes de su permanencia y de sus funciones.
¿Quién no respeta la democracia?
La democracia española, conocida internacionalmente por su escasa calidad, es enormemente incompleta (ver mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. 
De lo que no se habla en nuestro país, Anagrama, 2002). Y tal aparato judicial, en sus elevadas instancias, es el máximo defensor de sus carencias. 
Un ejemplo, entre miles, es la sentencia del Tribunal Supremo condenando a algunos de los participantes de la manifestación en la que dificultaron el acceso de los diputados al Parlament de Catalunya, el día que se tenía que aprobar uno de los presupuestos más austeros y con más recortes que el gobierno catalán (también conservador) haya aprobado desde que existe democracia. 
Aquel día, el movimiento 15-M (uno de los movimientos más saludables que hayan existido en España en los últimos años) había convocado una protesta frente al Parlament, donde se iba a aprobar la citada ley. Predeciblemente, la mayoría de los actos programados no habían sido autorizados ni permitidos (en contra de lo que indica la Constitución Española) por la policía autonómica, los Mossos d’Esquadra -dependientes de la Generalitat de Catalunya- que los reprimió. 
El objetivo de la manifestación era no solo protestar por la aprobación de tales presupuestos, sino también denunciar el carácter antidemocrático de tal aprobación, ya que el Parlament no tenía ningún mandato popular que la justificara, pues en ninguna de las ofertas electorales de los partidos gobernantes estaba la de hacer tales recortes.
Era un acto democrático, de desobediencia civil y mayoritariamente pacífico, protegido, de nuevo, por la tan manoseada Constitución Española. Igual de predecible fue la respuesta de la mayoría de los medios de información que, traduciendo y reflejando su escasa cultura democrática, presentaron tales manifestaciones como antidemocráticas y contrarias al poder popular representado por el Parlament, ignorando que la desobediencia civil era y es un componente fundamental del proceso democrático. EEUU no tendría un presidente de raza negra si no hubiera habido desobediencia civil en aquel país.
La desobediencia civil es parte del proceso democrático
En realidad, en las mismas fechas en que ocurrían los hechos en Barcelona, hubo una manifestación muy parecida en el Estado de Wisconsin, en EEUU, cuando su Parlamento iba a aprobar los presupuestos de ese Estado, gobernado por el Tea Party (la ultraderecha que controla el Partido Republicano en aquel país). 
Los presupuestos eran también de los más austeros que hubiera aprobado tal Parlamento, sin que dichas medidas hubiesen constado en la oferta electoral del Partido Republicano. Las medidas movilizaron a sectores de la población, liderados por los sindicatos, que organizaron la manifestación frente al Parlamento. 
En aquel acto, los manifestantes que rodearon el Parlamento también dificultaron el acceso de los parlamentarios (con la complicidad por cierto, del Partido Demócrata, que estaba en la oposición al gobierno). Pero en este caso ninguna persona fue llevada a los tribunales ni tampoco hubo ningún asistente herido o apaleado por la policía.
No así en Barcelona, donde la policía sí cargó contra unos manifestantes que eran pacíficos en su gran mayoría (ver mi artículo “En defensa del 15M en Barcelona”, Público, 10.04.2014). Y, es más, varias personas fueron llevadas a los tribunales. 
La Audiencia Nacional, sin embargo, los absolvió, argumentando correctamente que tales actos encajaban dentro del proceso democrático, y que las formas de presentar su disconformidad estaban en parte justificadas por la falta de oportunidad de expresar su desacuerdo en los mayores medios de información, a los cuales no tienen acceso tales movimientos críticos. 
Tal dictamen habría supuesto una brecha de esperanza, abriendo la posibilidad de reforma del cuerpo judicial. Pero tal esperanza era en vano. 
La fiscalía no abandonó su objetivo, que no era el de hacer justicia, sino el de hacer un escarmiento, un objetivo compartido por el Tribunal Supremo, que dictó que los imputados deberían estar encarcelados nada menos que tres años, decisión injusta y a todas luces desproporcionada. Incluso, en el caso de que tales personas ajusticiadas hubieran actuado incívicamente, molestando físicamente a los parlamentarios (lo cual es criticable y punible), la pena de tan largo encarcelamiento es un indicador de la mentalidad represiva de un aparato del Estado, que considera que su función es proteger por todos los medios al Estado, sea o no la medida injusta, como lo había sido en este caso.
Por otra parte, los manifestantes del 15-M no carecían de razón, y fueron sus personajes más visibles los que recibieron una sanción. Pero la pregunta que no se ha hecho y debería hacerse es, ¿quién sanciona a los representantes de la ciudadanía cuando en el curso de su trabajo toman decisiones por las cuales no tienen mandato, perjudicando y dañando el bienestar de millones de personas que no tienen medios para defenderse? 
Limitar la sanción a que dejen de ser elegidos la próxima vez que se llame a las urnas es tergiversar el principio democrático, que exige que sea la población la que decida sobre aquellas decisiones públicas que afectan sus vidas y su bienestar. 
La desobediencia de los parlamentarios frente al mandato popular y electoral recibido debería penarse, pues, consecuencia de su acción antidemocrática, miles de personas salen perjudicadas. 
Precisamente para prevenir este daño, los manifestantes del 15-M se movilizaron para impedir que se hiciera aquel acto antidemocrático que iba a tener lugar en el Parlament. 
Eran aquellos manifestantes los que estaban intentando evitar que se corrompiera el principio democrático que requiere que los representantes representen a sus representados, en vez de a intereses que no son afines a la voluntad popular. 
El hecho de que algunos –una enorme minoría- forzaran algunos actos incívicos entre los asistentes, no borra la actitud de nobleza democrática de tal movilización.
Ver artículo en PDF

Artículo publicado por Vicenç Navarro en la columna “Dominio Público” en el diario PÚBLICO,

TVE aparta a la corresponsal acusada por Israel de ser la portavoz de Hamás

Álvarez Gundín retira a Yolanda Álvarez de la corresponsalía de Oriente Medio.

El director de Informativos de TVE José Antonio Álvarez Gundín ha decidido relevar de la corresponsalía de Jerusalén a la reportera Yolanda Álvarez. Ha sido la propia periodista la que ha comunicado la noticia en su cuenta de Twitter.


La cadena pública retira a Yolanda Álvarez de ese puesto ocho meses después de las críticas que recibió por parte de Israel  a raíz de su cobertura durante la operación del ejército israelí sobre Gaza. Una operación que provocó la muerte de más de dos mil trescientos palestinos.

Entonces la portavoz de la Embajada de Israel en España Hamutal Rogel afirmó que Álvarez actuaba como “correa de transmisión de los mensajes, cifras, imágenes y datos de Hamás”. 

Rogel calificaba sus informaciones como “crónicas dramatizadas” y consideró “intolerable” que TVE diera cabida a sus crónicas, informa la cadena SER.

Ante estas críticas, la periodista recibió el apoyo del Consejo de Informativos de TVE mostró su rechazo e indignación y señaló que las palabras de la portavoz de la embajada podrían “comprometer la seguridad personal” de la reportera” y eran “un intento de amordazar y coaccionar a una periodista independiente de un medio público español”.

La salida de Yolanda Álvarez ha sido interpretada por los trabajadores de TVE como una cesión ante las presiones de Israel después de la polémica del pasado verano.

La periodista aclara también en Twitter que no ha sido despedida sino que seguirá trabajando en TVE donde tiene plaza por oposición en Madrid.

ELCOMUNISTA.NET


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1 comentarios:

  1. ¡Eso es una ley!!!.¿DESDE CUANDO HASTA ACÁ EL CANIBALISMO NEO-LIBERAL Y COLONIALISTA ES LEY?

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