Cuatro claves para entender las consecuencias del 3+2

FOTO Vista de una aula en la Universidad Complutense de Madrid

Cuatro claves 

para entender las consecuencias del 3+2

El nuevo modelo que abre la puerta a grados de tres años y másters de dos plantea algunas incógnitas: 

¿A quién benefician los grados de tres años? 

¿Serán más caros los estudios? 

¿Habrá una mejor homologación? ¿Es una forma de recorte?


El Consejo de Ministros aprobó el viernes un decreto que permite a las universidades reducir la duración de los grados de cuatro a tres años, para adaptarse al modelo 3+2, con tres años de grado y dos de máster, aunque el ministro de Educación José Ignacio Wert aseguró que ésta no tendría porque ser la única combinación posible. 
La posibilidad de implantar este modelo fue uno de los puntos más criticados por las protestas contra el plan Bolonia, aunque finalmente el gobierno español optó por la fórmula 4+1, con cuatro años de grado y uno de máster. 
El nuevo modelo se adaptaría mejor a la idea del plan Bolonia de ofrecer grados más generalistas y centrar la especialidad en los másters, pero el ministerio tampoco ofrece ninguna medida para garantizarlo mientras la diversidad de títulos ofrecidos por las universidades se ha multiplicado desde la implantación del grado.
Las incógnitas ahora son diversas. ¿Cuáles son las consecuencias de pasar a grados de tres años? ¿Quién se beneficia? ¿Implicará un aumento de precios? ¿Mejorará la homologación internacional? 
¿Es una nueva forma de recorte en la universidad? Ofrecemos cuatro claves para entenderlo:

¿A quién benefician los grados de tres años?

Un estudio realizado en 2010, anterior a la aplicación de Bolonia -que unificó prácticamente todas las carreras en grados de cuatro años-, por investigadoras del Grupo de Investigación en Educación y Trabajo de la UAB (GRET) mostraba las desigualdades de clase a la hora de acceder a los estudios superiores. 
Los estudiantes de clase trabajadora eligen su carrera de forma diferente a los de clase media o alta y un factor clave –además de la inserción laboral o las posibilidades de éxito– era la duración. 
Los jóvenes de clase trabajadora apostaban mucho más a menudo por carreras de tres años, lo que entonces eran diplomaturas, títulos de maestros o ingenierías y arquitectura técnicas.
Un estudio posterior del GRET, esta vez circunscrito a la UAB, constata una reducción de nuevos estudiantes de clase trabajadora con los nuevos planes de estudio de cuatro años. 
En la UAB, pasan de representar un 45,7% en 2008 a un 40,8% de 2011. 
Estos datos, hay que remarcarlo, son posteriores al aumento de un 66,7% del precio de las matrículas el curso 2012 en Catalunya.
Desde este punto de vista, los grados de tres años pueden beneficiar a los estudiantes de clase trabajadora. Esto sí, la situación de desigualdad sigue sobre la mesa, porque, como mostraban los datos recogidos en 2010, estos estudiantes hacen un elección limitada por su horizonte de expectativas. 
El filósofo Francisco Fernández Buey apuntaba la problemática cuando la medida ahora aprobada estaba sobre la mesa en las protestas contra Bolonia:
 "A medida que los hijos de los trabajadores llamaban a las puertas de la universidad y lograban entrar en ella, los antiguos primeros ciclos de buena parte de las carreras universitarias se han ido convirtiendo casi en prolongación del bachillerato. Con lo cual la verdadera formación para el mandar se ha ido trasladando poco a poco a másters y posgrados".

¿Serán más caros los estudios?

El ministro Wert ha asegurado que los grados de tres años representarán un ahorro para las familias. 
Es evidente que si no hay un cambio radical en el sistema de precios con un año menos los grados costarán menos que los de cuatro años. Sin embargo, la postura de los estudiantes que protestan contra la medida es que para tener una titulación equivalente a las antiguas licenciaturas deberán cursar no sólo un grado, sino también un máster. 
El ministro, en cambio, asegura que sólo un 20% de los titulados apuesta por seguir su formación con un máster y no considera que esta situación pueda cambiar. Para este grupo de estudiantes el nuevo modelo representará, sin duda, un incremento importante con los actuales precios de máster.
Hay carreras donde este modelo de grado + máster es una realidad desde la aplicación de Bolonia. Se trata de aquellas carreras que se convirtieron en un grado y un máster que habilita para el ejercicio de profesiones reguladas; los títulos que antes eran de ingenierías superiores con profesiones reguladas, los másters de abogacía y procuraduría, y, sin vinculación a una carrera concreta, el máster de formación del profesorado de secundaria, que también se encuentra en este grupo de másters habilitantes.
Wert ha asegurado que estos máster que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas tienen el mismo coste que los grados y esto no representará un incremento de los costes para las familias. Esto es falso, y el caso catalán es un buen ejemplo. 
El efecto que ha tenido en Catalunya trasladar cursos que eran de licenciatura en máster se puede ver en el informe del Observatorio del Sistema Universitario sobre el precio total de la carrera.
El curso 2007-2008 la ingeniería informática y la ingeniería industrial tenían la misma duración. 
Con precios del curso 2013-2014, en cambio, una persona que quiera ser ingeniera industrial (y por lo tanto tiene que hacer un máster) debería dedicar a pagar la carrera 4.260 euros más que una que quiera ser ingeniera informática. 
Sin embargo, el estudio muestra que las carreras que sufren un incremento más importante –sobre todo debido al aumento de precios, que no se ve modificado por el nuevo decreto– son las que pasan de una duración de tres a cuatro años.

¿Habrá una mejor homologación?

Si el objetivo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) -el popular plan Bolonia- era, como se decía, homologar titulaciones en los diversos países europeos, España no optó por el modelo más defendido. A pesar de implantar cambios importantes en las universidades en nombre del susodicho plan, optó por un modelo de grados de cuatro años y másters de uno. 
En cambio, ya en 2003 se acreditaba que el 80% de los 29 países firmantes de la Declaración de Bolonia habían optado por el modelo 3+2, como recuerda un informe de 2007 de la Global University Network for Innovation (GUNI).
Pero la realidad el curso 2010-2011, con 47 países incorporados al EEES, es muy diferente. En un 61,7% de estos países más de la mitad de los títulos son de tres años, pero la gran mayoría combinan títulos de tres y cuatro años, según recoge un informe de la Comisión Europea. 
Sólo ocho países, entre ellos el Estado español, no contaban con la posibilidad de hacer grados de tres años. A pesar de la diversidad, Wert asegura que hasta ahora los estudiantes españoles tenían problemas para cursar doctorados en el extranjero por haber hecho másters de menos de dos años y, en cambio, los estudiantes extranjeros con grados de tres años tenían problemas para acceder a másters en España.
El nuevo sistema tampoco garantiza más homogeneidad entre las universidades del Estado, ya que una misma titulación podrá durar tres años en una y cuatro en otra. 
La situación, sin embargo, tampoco es nueva, ya que antes de la implantación de Bolonia se podía cursar la misma licenciatura con cinco años de duración en una universidad y cuatro en otra. 
En el caso catalán, la Secretaría de Universidades -que celebra el nuevo decreto- ya ha comunicado que las universidades buscarán consensuar un modelo.

¿Es una forma de recorte?

En respuesta a los periodistas, José Ignacio Wert declaró que este modelo no representa un ahorro para la administración del Estado, porque la financiación de las universidades corresponde a las comunidades autónomas. 
En todo caso, si el ministro considera que no se ampliará la proporción de titulados que optan por cursar másteres universitarios, esto implicará que un 80% de los estudiantes no pasarían del grado, aunque se reduzca de cuatro a tres años. 
Se trata de un volumen importante de estudiantes que pasarían a estar un año menos en la universidad.
Aunque el decreto no tiene efectos directos sobre la financiación, implicará, con esta reducción de estudiantes por curso, un adelgazamiento de las universidades en un momento en el que denuncian una situación de ahogo económico. En este contexto, la reducción del número de estudiantes podría justificar también una reducción del personal que se tiene que dedicar.
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