Así es la madeja familiar de empresas de Rato que investiga Hacienda


Así es la madeja familiar de empresas de Rato que investiga Hacienda

Sociedades de todo tipo, como inmobiliarias y empresas de energía y exportación, tienen su sede en el edificio donde vive Rato, pero aparecen como apoderados o administradores sus sobrinos, hermanos, hijos o colaboradores.
La investigación abierta por Hacienda al exministro de Economía Rodrigo Rato ha puesto bajo la lupa una compleja madeja de sociedades vinculadas a él, sus familiares y sus máximos colaboradores.
Rato dijo ayer que no tiene ninguna sociedad "ni en un paraíso fiscal y, ni siquiera, fuera de la Unión Europea". 
Pero en España, el número de sociedades vinculadas a él, por figurar como apoderado, como administrador, o por tener la sede social en su propio domicilio y oficina, suman decenas, según el análisis realizado por EXPANSIÓN (ver gráfico con algunos de los principales ejemplos).
La Agencia Tributaria está investigando esa madeja de empresas, en las que figuran como titulares miembros de la familia (hermanos, sobrinos, hijos y su exmujer) y otros colaboradores, como Miguel Angel Montoro Quevedo, o su secretaria de toda la vida, Teresa Arellano. 
Son sociedades como Arada, Aurosur, Manantial de la Información, Explotaciones Carabaña, Rafi y Rodanman, por mencionar algunas. 
Hay casos, como Muinmo, que están en liquidación. 
Abundan las sociedades inmobiliarias, pero hay otras dedicadas a la radio (antiguo negocio de la familia Rato), energía, exportación o incluso "investigaciones científicas", tal como se explica en la documentación del Registro Mercantil. 
Los nombres que más se repiten como apoderados, administradores y/o consejeros, actuales o en el pasado, son Ramón Rato (el padre, ya fallecido), José de la Rosa Rato y Ángela de la Rosa Rato (sobrinos) o Ramón y María Ángeles Rato Figaredo (hermanos). 
María Ángeles Rato Alarco (hija) y Ángeles Alarco (exexposa y en la actualidad presidenta de Paradores) también fueron apoderadas o administradoras de sociedades como Rodanman. Rodrigo Rato, que fue presidente de Bankia, es sospechoso de alzamiento de bienes, fraude y blaqueo de capitales.
Es difícil hacer un seguimiento de en cuales de esas sociedades es accionista directo. 
Pero es significativo que muchas de ellas tienen su sede social en el número 33 de la madrileña calle de Ramón de la Cruz -en el propio domicilio del ex ministro-, o en el 50 de Castelló, donde tiene un despacho. Ambos inmuebles han sido registrados. 
Las alarmas en Hacienda se dispararon cuando detectó movimientos de capitales entre sociedades de Rato tras la fianza del caso Bankia, otro de sus frentes judiciales.

El Gobierno no publicará los nombres de los 705 sospechosos de blanqueo y despacha el ‘caso Rato’ como un asunto “particular”

  • “No sé quiénes son esos 705”, contesta Montoro cuando se le pregunta si se trata de cargos políticos
  • Sáenz de Santamaría descarta que Rajoy comparezca para explicar la investigación al exvicepresidente, que desvincula de la amnistía fiscal
  • El Ejecutivo aprueba la reforma que permitirá publicar los nombres de morosos, aunque no los de quienes aplacen o suspendan sus deudas



El Gobierno no va a hacer públicos los nombres de los 705 contribuyentes investigados por blanqueo de dinero. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo descartó porque la ley prohíbe publicar datos tributarios
Dijo que “en ningún país del mundo” se le pide a un Gobierno que levante la confidencialidad de esa información. 
“No sé quiénes son esos 705”, remachó después cuando los periodistas le pidieron que confirmara si en su mayoría se trata de cargos y antiguos cargos políticos o ligados a las administraciones públicas.

Además, tanto Montoro como Soraya Sáenz de Santamaría desvincularon la investigación al exvicepresidente Rodrigo Rato con la amnistía fiscal aplicada por el Gobierno. 
Y hasta tres veces rechazó la número dos del Ejecutivo que Mariano Rajoy comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre las actuaciones judiciales contra su compañero de partido y de gabinete. 
“Es una investigación particular a una persona por sus actividades privadas, que no guarda relación con el cargo público que ya no tiene”, se escudó Sáenz de Santamaría sin citar en ningún momento el nombre del exdirector del FMI y expresidente de Bankia.

Tanto Montoro como la vicepresidenta repitieron en La Moncloa las proclamas sobre la “independencia” y la “eficacia” de la Agencia Tributaria que ya habían hecho la víspera. 
“Da igual el color político o el relieve social, todos somos iguales ante la ley”, insistió el ministro de Hacienda. “Nunca antes hemos vivido una época como ésta en la que se hayan producido tantos avances en la lucha contra el fraude fiscal”, terminó presumiendo.
También recalcó que el procedimiento contra Rodrigo Rato está siendo el“ordinario”
El Servicio de Vigilancia Aduanera, cuyos agentes realizaron los registros y detuvieron ayer al exvicepresidente, “actúan como policía judicial con mucha frecuencia cuando el juez lo determina así”, según Montoro. “Si no creemos en las instituciones…”, advirtió.

Y cuando se le preguntó sobre su sensación personal sobre el hecho de que un compañero de partido y de gabinete durante tanto tiempo esté siendo investigado por graves delitos económicos, el ministro se limitó a contestar con un “no estoy aquí para expresar sentimientos”.

Lista pública de morosos y defraudadores

Precisamente este viernes el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de reforma de la Ley General Tributaria, que permitirá publicar los nombres de contribuyentes con deudas con la Hacienda Pública superiores a un millón de euros y de los defraudadores fiscales. 
Montoro aclaró que la lista excluirá a quienes hayan solicitado el aplazamiento o la suspensión de las deudas.

Además, a los morosos se les concederá un trámite de alegacionesantes de publicar su nombre. 
Éstos podrán impugnar la decisión por la vía contencioso-administrativa. Igualmente serán públicas las sentencias de los condenados en firme por delito fiscal, aunque no se revelarán de forma completa, sólo los “aspectos estructuralmente necesarios”, indicó el ministro.
Seis nuevas licencias de TDT

El Gobierno aprobó, además, los pliegos del concurso para conceder seis nuevas licencias de televisión digital terrestre (TDT) en abierto, tres de ellas de alta definición
El plazo para presentar las ofertas concluirá a finales de mayo y el Ejecutivo se obliga a adjudicar las licencias en un plazo máximo de seis meses.

La vicepresidenta anunció igualmente la inclusión de partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como sus respectivas fundaciones, en la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que aumenta, según destacó, las garantías contra el fraude. 
Así, el anteproyecto restringe el uso del procedimiento negociado sin publicidad y crea otro abierto, con publicidad y simplificado.

El número dos de Guindos avanzó que la amnistía no eximía de delitos previos

El organismo que investiga a los 705 sospechosos de la 'lista Montoro' tiene sólo 85 empleados

Los inspectores de Hacienda han advertido de la insuficiente dotación de personal del Sepblac, la principal unidad de lucha contra el blanqueo en España
La propia entidad avisa de que "personas ajenas" a ella están "utilizando indebidamente el nombre, el acrónimo o el logotipo del Servicio"
Ha detectado visitas a entidades financieras, bufetes y notarías de impostores que "pretenden realizar una supuesta inspección" por actividades ilícitas

El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa. EFE
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), la principal Unidad de Inteligencia Financiera de España, tiene en su punto de mira a 705 “personas expuestas políticamente” por indicios de blanqueo de capitales tras acogerse a la amnistía fiscal que puso en marcha Cristóbal Montoro en 2012, entre ellas, presumiblemente, al exvicepresidente económico, ex director gerente del FMI y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, detenido esta semana.
Para llevar a cabo su labor, el SEPBLAC cuenta con una plantilla que actualmente asciende, según fuentes del Ministerio de Economía (al que está adscrito) a 85 personas, integrada mayoritariamente por policías, guardias civiles e inspectores de Hacienda y del Banco de España.
El organismo que ha precipitado la caída definitiva a los avernos del hasta hace poco emblema del "milagro económico" del PP, tras detectar movimientos sospechosos en varias de las sociedades de Rato, tiene una asignación presupuestaria de once millones de euros para este ejercicio y unos medios humanos que, si bien son superiores a los de hace 20 años (cuando eran poco más de 60 funcionarios), no son suficientes a juicio de la organización profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
En octubre pasado, IHE publicó un documento con propuestas para atacar la corrupción en España en el que criticaba que el Sepblac "solo tiene una plantilla de 80 personas, no pudiendo asumir las importantes funciones que le exigen las normas internacionales contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo". 
En él, los inspectores abogaban, entre otras medidas, por crear una Oficina Nacional Antifraude (ONAF) que aglutinase, "como máximo responsable y coordinador" en esta materia, a la Fiscalía Anticorrupción y la "multitud de órganos con competencias en materia de lucha contra el fraude, el blanqueo de capitales y la corrupción", entre los que están la UDEF (Policía Nacional), la UCO (Guardia Civil), o la ONIF (Agencia Tributaria) o el propio SEPBLAC.

Visitas de impostores

Irónicamente, uno de los puntales del Estado en la lucha contra el fraude tiene desde hace tiempo un aviso en su página web en el que advierte al público de que hay quien está usando su nombre para, presumiblemente, cometer estafas. 
El organismo dice que "ha tenido conocimiento de que personas ajenas a él están utilizando indebidamente el nombre, el acrónimo o el logotipo del Servicio"; algunos de los colectivos a los que supervisa "están recibiendo la visita de personas que se presentan como vinculadas con el Servicio Ejecutivo y pretenden realizar una supuesta inspección u otras actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo".
El Sepblac recuerda que "las inspecciones u otras actuaciones del Servicio Ejecutivo se realizan siempre siguiendo un cauce estrictamente formal, en el que la realización de la visita de inspección se anuncia por escrito con carácter previo y con antelación suficiente". 
Asimismo, recuerda que no está entre sus funciones "el ejercicio de eventuales competencias sancionadoras ni de ejecución del pago de multas o sanciones". 
El aviso, según fuentes de Economía, no es nuevo: lleva colgado en su web desde mediados de 2013.
Los orígenes del organismo datan de la Ley 40/1979 de régimen jurídico de control de cambios. Nació como un servicio para la vigilancia de las operaciones en el exterior, aunque su configuración actual data de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, y cobró mayor importancia cuando se intensificó la coordinación internacional en materia de lucha contra el terrorismo y el blanqueo tras los atentados del 11-S en 2001.
La entidad, cuyas actuaciones son, por ley, confidenciales, recibe y analiza las comunicaciones de operaciones sospechosas que tienen que realizar las entidades obligadas por la actual ley antiblanqueo (de 2010) por operar en sectores especialmente sensibles: bancos, aseguradoras, empresas de envío de dinero, inmobiliarias, casinos, registradores de la propiedad, abogados o notarios, entre otros "sujetos obligados".
Concluido este análisis, si hay indicios de criminalidad en las operaciones, el Sepblac, que también puede actuar de oficio, elabora informes de inteligencia financiera que remite a los Cuerpos Policiales o a la Fiscalía. 
La unidad, además, es la autoridad supervisora de la normativa, como encargada de inspeccionar el cumplimiento de los deberes de prevención por parte de las entidades legalmente obligadas.
El organismo, cuyo director general es actualmente Juan Manuel Vega, tiene como presidente de la Comisión de la que depende y máximo responsable al titular de la Secretaría de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, que esta semana ha avanzado en el Congreso los principales resultados de sus actuaciones del año pasado. 
Los asuntos abiertos por blanqueo de capitales o financiación del terrorismo crecieron un 15% (hasta 4.637) y, como resultado de sus análisis, el Sepblac remitió 4.680 Informes de Inteligencia Financiera, con el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la ONIF como principales destinatarios.
Aunque Fernández de Mesa no ofreció datos de 2014, normalmente el Sepblac archiva en torno al 20% de las comunicaciones que recibe de las entidades obligadas por no haber podido concretar o confirmar la existencia de indicios de las vinculaciones de las operaciones con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Escolar.net

Los 705 de la lista Montoro

¿Qué tipo de cargos públicos están siendo investigados por blanquear dinero negro en la amnistía fiscal del Gobierno?
Políticos, altos cargos, jueces, militares, embajadores… 
Lo ha confirmado el propio ministro de Justicia, para pasmo general. 
En esta España de Alí Babá en la que un tipo como Rodrigo Rato pudo pasar por gran gestor milagroso, hay 705 “personas expuestas políticamente” que están siendo investigadas por presunta corrupción.
Son 705 entre los cerca de 40.000 defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal; 705 presuntos delincuentes que intentaron blanquear un dinero que podría venir de delitos mucho más graves que el mero fraude fiscal: cohecho, tráfico de influencias, prevaricación… Ese 3% de comisión tan español.
De los 705 de la lista de Montoro ya sabemos algunos nombres: Rodrigo Rato, Francisco Granados, Luis Bárcenas, algunos de los Pujol… 
Hace unos meses, cuando la lista Falciani apareció, el locuaz Cristóbal Montoro ya avisó de que aquello era "un aperitivo" de lo que estaba por aflorar.
La gran pregunta: ¿quién más está en esa lista? 
Aún no se sabe, pero el ministro de Justicia ha dado una buena pista al explicar que son personas a las que se considera políticamente expuestas “de acuerdo con la ley de blanqueo de capitales”.
 ¿Y qué dice esa ley?  
En su artículo 14 lo explica bastante bien: son aquellos que en España o en otros países europeos tengan responsabilidades públicas importantes como:
Jefes de Estado
Jefes de Gobierno
Ministros
Secretarios de Estado
Subsecretarios
Parlamentarios
Magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y miembros equivalentes de la Fiscalía
Los miembros del Tribunal de Cuentas o consejeros de bancos centrales
Embajadores y encargados de negocios de las embajadas
El alto personal militar del Ejército
Los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública
Familiares próximos a todos estos cargos: padres, hijos, pareja o parejas de los padres o de los hijos
Socios empresariales o testaferros de estos cargos
La ley obliga a que la supervisión de notarios, abogados, bancos y otros organismos sobre estas “personas con responsabilidad pública” sea mayor, y que comuniquen cualquier irregularidad que detecten al  Sepblac –que combate el blanqueo de capitales–. Fue una directiva europea la que incluyó esta vigilancia extra en nuestra legislación; en España no se nos ocurren estas cosas por iniciativa propia.
Los VIP políticos no son cualquiera, por lo que los 705 tampoco lo son. En esta definición no entran alcaldes y concejales: uno de los mayores focos en España de la corrupción. 
La lista de los 705, además, no es definitiva. Hacienda aún está cruzando datos de la amnistía fiscal y este número todavía puede aumentar. 
Sus nombres, por ahora, no han trascendido. 
¿No sería imprescindible saber de quién hablamos antes de que los españoles vayamos a votar?
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