Un juez español ordenó este jueves procesar a once funcionarios, militares y policías marroquíes por delitos de genocidio en el Sáhara Occidental, entre 1975 y 1991, según un auto judicial, que constata "un ataque sistemático" de fuerzas marroquíes a civiles saharauis.
El juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional, considera que "concurren indicios racionales de criminalidad contra" los procesados por actos como asesinatos, detenciones ilegales o torturas y propone que sean juzgados por esos crímenes, a petición de la fiscalía.
Entre los procesados, se encuentra el gobernador de la Administración Territorial del ministerio del Interior marroquí hasta 1997, Abdelhafid Ben Hashem; el gobernador de Smara entre 1976 y 1978, Said Uassu (que podría haber fallecido, según el auto); el sucesor de Uassu al frente de Smara, Hassan Uyshen; el actual interventor general adjunto del director de Policía judicial en la Dirección General de la seguridad nacional en Rabat, Brahim Ben Sami; el jefe de la seguridad prefectoral en Dajla, Hariz El Arbi; el coronel de las Fuerzas Armadas Abdelhak Lemdaur; y el actual coronel de la Gendarmería Real, Driss Sbai.
Contra todos ellos, el juez ha ordenado su "busca, detención e ingreso en prisión".
Además, ha procesado al coronel Lamarti, a Muley Ahmed Alburkadi, Bel Laarabi y Abdelghani Ludghiri, de los que pide a Marruecos la aportación de datos para su correcta identificación.
- "Ataque sistemático" -
En su auto, el magistrado, siguiendo al fiscal, considera "indiciariamente acreditado" que desde noviembre de 1975, "fecha de la ocupación por Marruecos del Sáhara Occidental, territorio que había sido colonia española, y hasta 1991, fecha del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, grupo armado saharaui, se produjo de una manera generalizada un ataque sistemáticos contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes".
Entre los hechos relatados, figura el caso de Omar Buzeid Ahmed Baiba, "de nacionalidad española", que fue detenido el 10 de julio de 1976 por miembros de la gendarmería real en Smara y "torturado al menos durante cuatro meses y quince días, poniéndole electricidad en los genitales, la boca y los dedos", sin que su familia haya vuelto a saber de él.
Basándose en relatos de testigos, también se habla de un bebé que nació en la cárcel y al que "le cortaron los dedos y se los trajeron después a la madre en la comida" o de "Mohamed Salem Bamouisa, mayor de 70 años", al que las fuerzas marroquíes "envolvieron en unas mantas, lo rociaron con gasolina y lo quemaron".
- Delito de genocidio -
El auto también refiere la apertura en 2013 de una fosa común en la región de Amgala con los restos de seis personas asesinadas en la noche del 12 de febrero de 1976, cerca de la cual apareció otra con los restos de otras dos personas, entre cuyas ropas aparecieron dos documentos de identidad españoles.
Ruz considera, así, que hubo delito de genocidio por el hecho de que los actos investigados "se dirigen unívocamente contra los saharauis", que son perseguidos "únicamente por el motivo de ser originarios de ese territorio que reclama Marruecos y con la finalidad de destruirlos".
Este caso tiene su origen en una instrucción abierta en 2007 por Baltasar Garzón. Tras la suspensión de Garzón, Ruz se declaró competente para seguir con la demanda por "genocidio y torturas" por la desaparición de más de 500 saharauis a partir de 1975, presentada por varias asociaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas. Garzón decidió en su momento investigar a 13 de los 32 sospechosos incluidos en la demanda, entre ellos el exministro Driss Basri, fallecido en agosto 2007 en París, tras haber sido durante 20 años ministro del Interior del difunto rey Hassán II.
El Sáhara Occidental fue colonia española hasta 1975, cuando Marruecos se anexionó el territorio, cuya independencia reclama el Frente Polisario, que cuenta con el respaldo de Argelia.