Un Estado más Represivo y al Servicio de las Corporaciones, meta del Neoliberalismo

Un nuevo Estado más Represivo y al Servicio de las Corporaciones, meta del Neoliberalismo

Un nuevo Estado, meta del neoliberalismo

Alejandro Nadal, La Jornada

¿Por qué el neoliberalismo surge más fuerte que nunca después de siete años de crisis? Buena pregunta. 

Y no existe hoy una respuesta satisfactoria por una razón fundamental. 

Es que la crítica al neoliberalismo descansa en un postulado equivocado: es la idea de que el capital busca reducir el ámbito de influencia del Estado, de quitarlo del camino y hasta de eliminarlo. 

Muchos encuentran prueba de lo anterior en la ola de privatizaciones y en la eliminación de controles regulatorios para todo tipo de actividades.

Ese postulado proviene de la idea de que el mercado y el Estado son antitéticos. 

Pero desde hace mucho la historia y la antropología revelaron que las economías de mercado nacieron a través de una fuerte intervención del Estado y sus agencias. Sólo la mitología de los economistas sigue afirmando que primero fue el trueque y después, espontáneamente, nació el mercado.

Es necesario criticar esta premisa y reemplazarla con una nueva perspectiva: el capital financiero no está destruyendo el Estado, sino que lo está reconfigurando y reorganizando para que responda a sus necesidades e intereses. Esta idea proporciona una matriz analítica más rica y se acerca más a lo que está aconteciendo en el mundo.

Hoy tenemos muchas señales indicando cómo el neoliberalismo está construyendo un nuevo Estado. 

La primera, quizás la más obvia, es la degradación de la vida política. 

Aquí el síntoma más claro es el predominio del dinero sobre los votos. Las campañas electorales están sometidas a una circulación monetaria que va de los intereses corporativos más descarados a las grandes cadenas de los medios masivos, pasando por la compraventa de candidatos. 

Las instancias encargadas de organizar y supervisar elecciones están desbordadas o simplemente forman parte de este gran teatro. El ‘mercado electoral’ dejó de ser, hace mucho, una simple metáfora.

Lo anterior marca el deterioro del llamado ‘poder’ legislativo. 

Los congresos y parlamentos han dejado de funcionar 

con la meta de defender y cultivar el interés público. 

Pero eso no quiere decir que han dejado de funcionar. Al contrario, de manera activa los miembros del poder legislativo desempeñan una función de agencias del capital financiero y del neoliberalismo: votan sus leyes contrarias al interés público, erigen nuevas barreras regulatorias en contra de competidores no deseados y, sobre todo, bloquean cualquier iniciativa que pudiera acrecentar el poder ciudadano.

La segunda señal es la concentración de poder económico y la desigualdad. 

Las grandes corporaciones, nacionales e internacionales, tienen hoy una capacidad nunca antes vista para organizar espacios económicos alrededor de sus intereses y estrategias de expansión. Su tamaño, grado de diversificación y de integración les da acceso a muy fuertes economías de escala y de alcance. 

Eso les permite adoptar todo tipo de comportamientos estratégicos, desde la segmentación de mercados hasta la manipulación de precios para transferir rentabilidad a lo largo de la cadena de valor. Todo eso conduce a la enorme concentración de poder en todas las ramas de la producción a escala mundial.

Frente a las grandes corporaciones las comisiones regulatorias de los gobiernos no desaparecen. 

Simplemente se refuncionalizan y adoptan la misión 
de servir a estas gigantescas empresas para legitimizarlas. 

El síndrome de las puertas giratorias y revolventes es una expresión de todo esto. 

Y cualquiera que se haya escandalizado frente a los abusos del sector financiero o que haya participado en la lucha contra los organismos genéticamente modificados puede dar testimonio de lo anterior.

La desigualdad económica y la concentración del ingreso 
y la riqueza son el telón de fondo de la acumulación bajo el neoliberalismo. 

Y eso necesita una nueva y más potente capacidad represora. 

Por eso tenemos la tercera señal: el extraordinario crecimiento del aparato de seguridad del Estado. 

Las funciones de represión directa y de espionaje se han reorganizado y hoy se encuentran en el corazón de múltiples agencias a nivel nacional o regional, muchas veces con fuertes vínculos con la delincuencia organizada.

Todo lo anterior se acompaña de un hecho fundamental: la desmovilización de la ciudadanía. 

Si el voto no es respetado y si el parlamento es corrompido, carece de sentido ir a las urnas el día de las elecciones. 

Por eso el abstencionismo es el partido mayoritario en todo el mundo y parece confirmar la idea de que es inútil tratar de recuperar el control sobre la vida política. 

Los abusos de los bancos o de los fabricantes de comida chatarra se convierten en una fatalidad que hay que sufrir cotidianamente. 

Al final del camino los ciudadanos se transforman en consumidores (de todo tamaño) o en átomos de una materia prima llamada fuerza de trabajo.

El bloqueo y ataque en contra de la democracia no debe ser confundido con la reducción del tamaño del Estado. La izquierda debe tomar nota: 

estamos frente a un esfuerzo concertado para erigir un nuevo sistema en el que la democracia no tiene cabida.



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Comunicado de Legal Sol ante la actual escalada represiva

Por Comisión Legal Sol

En las últimas semanas hemos asistido a toda una serie de episodios represivos que parecen haberse orquestado con el fin de atemorizar a los movimientos sociales y a la ciudadanía organizada ante la aprobación de la ley mordaza, rubricada definitivamente el pasado miércoles 26 de marzo. 

El último ejemplo ha sido el reciente ataque a […]

En las últimas semanas hemos asistido a toda una serie de episodios represivos que parecen haberse orquestado con el fin de atemorizar a los movimientos sociales y a la ciudadanía organizada ante la aprobación de la ley mordaza, rubricada definitivamente el pasado miércoles 26 de marzo.

El último ejemplo ha sido el reciente ataque a varios CSO’s y viviendas okupadas en la mañana del 30 de marzo, que se ha saldado con numerosas detenciones y el registro y destrozo de estos espacios de lucha colectiva.
En la madrugada del 10 de marzo se asestaba el enésimo golpe represivo a los movimientos en defensa de la vivienda con la detención en sus propias casas de 19 jóvenes que habían participado en una protesta contra los desahucios. 
La policía imputó a los detenidos un delito contra las instituciones del estado y algunos de ellos, desórdenes y resistencia, manteniendo a la mayoría de estos detenidos hasta la mañana del 12 de marzo, en lo que constituye un claro ejemplo de detención de castigo
La mayoría de las personas detenidas pertenecen a Distrito14, colectivo que ya había sido previamente señalado y criminalizado desde fuentes policiales. 
Lo que nos llama poderosamente la atención es el hecho de que fueron identificadas el mismo día de la protesta en el pleno por la Policía Municipal y, como este mismo cuerpo ha expresado, no hubo ningún conflicto durante la protesta, por lo que ningún agente consideró que existiese indicio de delito ni necesidad alguna de detenerlos.
Pese a ello, y a pesar de estar perfectamente localizables y no existir ningún motivo para pensar que no fuesen a comparecer para declarar, casi un mes después la Policía Nacional irrumpe bruscamente en sus casas a las 7 de la mañana para llevárselos a comisaría, con la clara intención de amedrentar y realizar una de sus tantas demostraciones de fuerza, haciendo una vez más de las detenciones ya no sólo un castigo, sino un auténtico circo.
No existe argumento razonable para justificar estas detenciones, y mucho menos la agresividad con que se producen, cuando lo lógico, en caso de haber considerado que concurriese algún hecho punible, es que se hubiese requerido a los intervinientes para declarar mediante una sensata y acertada citación.
A su vez, apenas una semana y media después de estos hechos, la manifestación de las Marchas de la Dignidad de Madrid terminó con la detención de 17 personas, 3 de ellas menores, tras unas fuertes cargas policiales en las que los antidisturbios se emplearon con saña y gran violencia contra los grupos de manifestantes, causando lesiones a la mayoría de las detenidas por el empleo de una fuerza desproporcionada, llegando a retener tras las cargas y durante más de 2 horas a cerca de 30 personas en la calle La Paz, obligándolas a permanecer de rodillas soportando el frío y sometiéndolas a insultos, golpes y trato degradante. De nuevo, desde la prensa y desde fuentes policiales se había adelantado una criminalización de esta marcha, que hacía prever una fuerte represión.
El pasado lunes volvimos a asistir a otra actuación policial teatralizada, desproporcionada y fuera de contexto, en este caso contra el movimiento anarquista, en un nuevo intento de criminalizar y atacar tanto a los espacios como a las personas que defienden esta ideología. 
El fuerte dispositivo policial desplegado detuvo en Madrid, Barcelona y Palencia a un total de 27 personas, algunas de las cuales serán llevadas ante la Audiencia Nacional por delitos de organización criminal con fines terroristas, según el propio Ministerio del Interior ha difundido.
No podemos más que manifestar nuestro estupor por la manipulación mediática que está acompañando todo este asunto, con vulneraciones constantes del derecho a la presunción de inocencia de las detenidas, fuertes acusaciones sostenidas únicamente en “fuentes policiales” vagamente justificadas -llama la atención que una de las principales acusaciones hable de tenencia de explosivos y se jacten de haber encontrado en los registros realizados en viviendas “una botella de camping gas”, o que se reavive de nuevo el fantasma del atentado en La Almudena cuando ya hay personas cumpliendo penas de prisión por el mismo hecho-, una total falta de información de los hechos que han motivado las detenciones y un discurso por parte de las Instituciones que parece un adelanto del Derecho Penal del Enemigo que se pretende apuntalar con las últimas reformas del Código Penal y la Ley Mordaza. Ante todo esto sólo cabe una conclusión: se les ha detenido por anarquistas.
Este tipo de detenciones, que inevitablemente nos recuerdan a tiempos pasados, no nos resultan para nada nuevas. Sólo en los últimos años tenemos varios ejemplos: los 6 detenidos el 22 de junio por una acción del 29 de mayo de 2012, el 28 de noviembre por una acción en la Universidad Complutense el 20 de noviembre de 2013, 4 detenidos el 31 de enero de 2014 en un desahucio, 3 detenidos en la Operación Guinda el 27 de febrero del 2014 o los 11 detenidos el 4 de abril de 2014 por la manifestación del 22 de marzo, en la Operación PUMA 70. Parece que Delegación de Gobierno ha encontrado en la Caza de Brujas un modus operandi perfecto para criminalizar y estigmatizar frente a sus vecinas a las que luchan, y ya de paso atemorizar al resto de personas con las que comparten la calle.
Una detención, con la privación de libertad que lleva aparejada, así como la imputación desmedida y gratuita de delitos contra las instituciones del Estado son actuaciones suficientemente graves para no ser utilizadas de un modo trivial o interesado.
Igualmente, nos alarman los testimonios de las personas detenidas que confirman la continuación de los interrogatorios a detenidos por policias (en la mayoría de los casos de la Brigada Provincial de Información) encapuchados y sin presencia Letrada; los tratos vejatorios constantes en dependencias policiales y las agresiones sufridas en la detención. Hemos podido observar que este comportamiento por parte de la policía tiene un patrón pre-establecido, modulándose este (mal)trato en función del perfil de las personas detenidas -cercanas a una ideología concreta y generalmente muy jóvenes, y el momento en que se produzcan las detenciones. 
Nos preocupa que pueda existir alguna base política para aplicar estas cuestionables prácticas policiales en las detenciones y paso por comisarías, ya que sólo tenemos noticia de que aparezcan en contextos de movilizaciones sociales ese especial agravio a las detenidas y conducta inapropiada hacia las abogadas.
Entendemos que nos encontramos en un periodo de precampaña electoral en el que el discurso de orden y seguridad o la efectividad policial ante supuestas amenazas (creadas) a la convivencia, suele acarrear un importante rédito político y que es una estrategia ya antigua infundir temor en posibles votantes que demandarán mayor castigo ante el aparente escenario de caos, o al menos asumirán el aumento de represión o pérdida de libertades a cambio de “protección” o “estabilidad”. 
Pero no podemos permanecer impasibles viendo cómo, aprovechando el contexto político cercano a elecciones y a la aprobación de reformas legislativas punitivas (Código Penal, Ley Mordaza y Pacto “Antiterrorista”), participar en la comunidad a través de una protesta se califique aleatoriamente como un delito, y además como un delito contra las instituciones del Estado, con la gravedad que ello supone.
Resulta verdaderamente inquietante que en un Estado de Derecho se dirija y aplauda desde la Delegación de Gobierno actuaciones policiales desproporcionadas utilizadas como castigo o efecto disuasorio ante expresiones disidentes, debido a su imposibilidad y fracaso a la hora de resolver profundos conflictos sociales, pretendiendo al mismo tiempo asustar a la población y criminalizar así a los movimientos sociales en general y, en especial, a aquellos colectivos que según la conveniencia política del momento interese: movimientos por la vivienda y anarquistas o sectores desprotegidos y marginados que intentan encauzar su malestar por la vía de la protesta, a los cuales se les margina y reprime de manera injustificadamente desigual.
Por otro lado, creemos que la respuesta a estos acontecimientos también merece una reflexión y revisión por parte de los movimientos sociales. En este tipo de prácticas represivas se busca, entre otras cosas, generar pánico y desorganización en el tejido social, razón por la que tenemos que ser capaces de mantener la calma en este tipo de situaciones. 
Creemos que es importante tener en cuenta lo aprendido en estos años y evitar que sean los aparatos represores los que nos marquen la forma de actuar ante estos acontecimientos. Seremos nosotras las que marquemos el cuando y el cómo, de forma colectiva y organizada. No nos dejaremos amedrentar por los cuerpos e instituciones que día a día hacer gala de un abuso de poder que siempre queda impune y seguiremos en la calle, luchando por lo que creemos. #NoPodránPararnos
http://kaosenlared.net/comunicado-de-legal-sol-ante-la-actual-escalada-represiva/

Un nuevo Estado más Represivo y al Servicio de las Corporaciones, meta del Neoliberalismo

Un nuevo Estado, meta del neoliberalismo


Alejandro Nadal,
 La Jornada




¿Por qué el neoliberalismo surge más fuerte que nunca después de siete años de crisis? Buena pregunta. 

Y no existe hoy una respuesta satisfactoria por una razón fundamental. 

Es que la crítica al neoliberalismo descansa en un postulado equivocado: es la idea de que el capital busca reducir el ámbito de influencia del Estado, de quitarlo del camino y hasta de eliminarlo. 

Muchos encuentran prueba de lo anterior en la ola de privatizaciones y en la eliminación de controles regulatorios para todo tipo de actividades.

Ese postulado proviene de la idea de que el mercado y el Estado son antitéticos. 

Pero desde hace mucho la historia y la antropología revelaron que las economías de mercado nacieron a través de una fuerte intervención del Estado y sus agencias. Sólo la mitología de los economistas sigue afirmando que primero fue el trueque y después, espontáneamente, nació el mercado.

Es necesario criticar esta premisa y reemplazarla con una nueva perspectiva: el capital financiero no está destruyendo el Estado, sino que lo está reconfigurando y reorganizando para que responda a sus necesidades e intereses. Esta idea proporciona una matriz analítica más rica y se acerca más a lo que está aconteciendo en el mundo.

Hoy tenemos muchas señales indicando cómo el neoliberalismo está construyendo un nuevo Estado. 

La primera, quizás la más obvia, es la degradación de la vida política. 

Aquí el síntoma más claro es el predominio del dinero sobre los votos. Las campañas electorales están sometidas a una circulación monetaria que va de los intereses corporativos más descarados a las grandes cadenas de los medios masivos, pasando por la compraventa de candidatos. 

Las instancias encargadas de organizar y supervisar elecciones están desbordadas o simplemente forman parte de este gran teatro. El ‘mercado electoral’ dejó de ser, hace mucho, una simple metáfora.

Lo anterior marca el deterioro del llamado ‘poder’ legislativo. 

Los congresos y parlamentos han dejado de funcionar 

con la meta de defender y cultivar el interés público. 

Pero eso no quiere decir que han dejado de funcionar. Al contrario, de manera activa los miembros del poder legislativo desempeñan una función de agencias del capital financiero y del neoliberalismo: votan sus leyes contrarias al interés público, erigen nuevas barreras regulatorias en contra de competidores no deseados y, sobre todo, bloquean cualquier iniciativa que pudiera acrecentar el poder ciudadano.

La segunda señal es la concentración de poder económico y la desigualdad. 

Las grandes corporaciones, nacionales e internacionales, tienen hoy una capacidad nunca antes vista para organizar espacios económicos alrededor de sus intereses y estrategias de expansión. Su tamaño, grado de diversificación y de integración les da acceso a muy fuertes economías de escala y de alcance. 

Eso les permite adoptar todo tipo de comportamientos estratégicos, desde la segmentación de mercados hasta la manipulación de precios para transferir rentabilidad a lo largo de la cadena de valor. Todo eso conduce a la enorme concentración de poder en todas las ramas de la producción a escala mundial.

Frente a las grandes corporaciones las comisiones regulatorias de los gobiernos no desaparecen. 

Simplemente se refuncionalizan y adoptan la misión 
de servir a estas gigantescas empresas para legitimizarlas. 

El síndrome de las puertas giratorias y revolventes es una expresión de todo esto. 

Y cualquiera que se haya escandalizado frente a los abusos del sector financiero o que haya participado en la lucha contra los organismos genéticamente modificados puede dar testimonio de lo anterior.

La desigualdad económica y la concentración del ingreso 
y la riqueza son el telón de fondo de la acumulación bajo el neoliberalismo. 

Y eso necesita una nueva y más potente capacidad represora. 

Por eso tenemos la tercera señal: el extraordinario crecimiento del aparato de seguridad del Estado. 

Las funciones de represión directa y de espionaje se han reorganizado y hoy se encuentran en el corazón de múltiples agencias a nivel nacional o regional, muchas veces con fuertes vínculos con la delincuencia organizada.

Todo lo anterior se acompaña de un hecho fundamental: la desmovilización de la ciudadanía. 

Si el voto no es respetado y si el parlamento es corrompido, carece de sentido ir a las urnas el día de las elecciones. Por eso el abstencionismo es el partido mayoritario en todo el mundo y parece confirmar la idea de que es inútil tratar de recuperar el control sobre la vida política. 

Los abusos de los bancos o de los fabricantes de comida chatarra se convierten en una fatalidad que hay que sufrir cotidianamente. Al final del camino los ciudadanos se transforman en consumidores (de todo tamaño) o en átomos de una materia prima llamada fuerza de trabajo.

El bloqueo y ataque en contra de la democracia no debe ser confundido con la reducción del tamaño del Estado. La izquierda debe tomar nota: estamos frente a un esfuerzo concertado para erigir un nuevo sistema en el que la democracia no tiene cabida.

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